jueves, 6 de enero de 2011

Atenco: Símbolo de la brutalidad

Atenco: Símbolo de la brutalidad

Cuatro años después de que los comuneros de San Salvador Atenco lograron frenar el proyecto de la construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México, en los terrenos del viejo lago de Texcoco, un enfrentamiento entre vendedores de flores y comerciantes ambulantes derivó en una de las represiones más salvajes que se hayan registrado recientemente en el país. El aire vindicativo de las autoridades, la sucesión de abusos policiacos y la impunidad rodearon esos hechos.

En mayo de 2006 ya no eran tiempos de Arturo Montiel y sus sueños de grandeza sobre el gran negocio del aeropuerto. Eran los nuevos aires de su delfín, Enrique Peña Nieto. El fue el máximo responsable político del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo, que derivó en la detención de 211 comuneros, activistas y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en la muerte de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, y en abusos sexuales contra casi medio centenar de mujeres.

A Ignacio del Valle Martínez, el líder más destacado del FPDT, lo condenaron 112 años de prisión, como si se tratara de un peligroso narcotraficante o un multihomicida. Felipe Álvarez y Héctor Galindo están presos por 67 años y nueve personas más fueron sentenciadas a casi 32 años. Todos ellos constituyen los auténticos presos políticos del gobierno de Peña Nieto.

Es clara la persistencia de los atropellos: desde la impunidad más persistente durante el sexenio de Arturo Montiel hasta la seña del gobierno de Peña Nieto y del poder judicial mexiquense contra los atenquenses. La herida sigue abierta, y los sucesos son ejemplos claros de cómo se resuelven los conflictos sociales en el gobierno que “si cumple” de Peña Nieto.

¿Qué fue lo que originó tal despliegue policiaco y brutalidad de las autoridades responsables? Los sucesos tienen características de una provocación montada. El día de la Santa Cruz, cientos de policías municipales y estatales se desplegaron para impedir que varios vendedores de flores se instalaran en el centro de Texcoco, inconformes con el programa de reordenamiento urbano y recuperación histórica ordenado por el gobierno municipal.

Los reclamos surgieron ante el despliegue de los elementos de seguridad pública. Algunos miembros del FPDT y ciudadanos retaron a los policías. Antes de la intervención policiaca existían indicios de un encuentro entre el gobierno municipal, los floricultores y representantes del frente.

El hecho más sangriento ocurrió al mediodía del 3 de mayo de 2006, en la carretera de Texcoco-Lechería. El adolescente Javier Cortés, de 14 años, fue víctima de la agresión de policías estatales que acudieron a San Salvador Atenco a “contener el enfrentamiento entre los vendedores e integrantes del FPDT. El menor murió a causa del impacto de una bala en el pecho, tres policías que intervinieron en el operativo y fueron testigos de la muerte de Javier Cortés declararon lo siguiente:

-Prodh: ¿Y el niño de que murió?

Policías: Fue por un impacto de 38 especial.

Prodh: ¿Y esa arma quién la utiliza?

Policías: Nosotros, la policía del estado, y fue un compañero el que le disparó.

Prodh: ¿Le disparo igual al calor de los hechos o fue de manera directa?

Policías: De manera directa, ya que el niño estaba descubriendo que está escondido, dijo que había un policía estatal y sacó el arma y le disparó.

El estudiante Ollin Alexis Benhumea, fue herido el 4 de mayo a las 6 horas, en el momento que integrantes de la policía estatal y de la PFP ingresaron en el poblado a catear los domicilios de presuntos culpables de los enfrentamientos y a detener indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. Ollin Alexis fue trasladado al Hospital regional “General Ignacio Zaragoza”, donde cayó en estado de coma. El 7 de junio falleció en el Hospital General Adolfo López Mateos.

La versión de las autoridades mexiquneses para justificar las torturas, los abusos sexuales contra las jóvenes detenidas y el allanamiento a decenas de viviendas es inaudita. El secretario de Gobierno del Edomex, Humberto Benitez Treviño, tuvo el desparpajo de declarar ante la prensa: “No se puede perseguir a delincuentes con la Constitución en la mano; lo más importante aquí es que se restableció el Estado de Derecho”.

Enrique Peña Nieto trató de mantenerse al margen de su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, al dar a conocer los resultados de su investigación, estableció que el gobernador sí estuvo vinculado con los sucesos de San Salvador Atenco. En la discusión, el ministro Góngora Pimentel consideró al mandatario “autor intelectual” de la represión, y subrayó que el Estado está obligado a demostrar que no se violaron los derechos humanos. Las víctimas no tienen el deber de comprobar la responsabilidad gubernamental.

Entre el 3 y 4 de mayo, Peña Nieto sostuvo dos reuniones con el procurador general de la República y con el subcoordinador del Consejo Nacional de Seguridad Pública, “donde se toma la decisión de usar la fuerza pública para resolver el problema” y se estableció la estrategia y plan para llevar a cabo un operativo policial.

La desproporción en el uso de la fuerza fue el resultado de una decisión política, asumida por las autoridades del estado y el gobierno federal. La criminalización de la protesta social en San Salvador Atenco fue una constante durante el gobierno de Arturo Montiel, cuando los habitantes de esa población se levantaron en protesta por la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto. Sin embargo fue durante la administración de Peña Nieto cuando el operativo policiaco, a cargo de Wilfredo Robledo Madrid, realizó con tal brutalidad que contrasta con la imagen dialogante y concertadora que el gobernador quiere vender en la pantalla de televisiva.

Tan sólo durante el operativo del 4 de mayo, fueron detenidas 106 personas, de las cuales, 72 afirmaron haber sido capturadas en el interior de su domicilio, 102 denunciaron golpes de los policías y a 96 se les certificaron lesiones externas por peritos adscritos la procuraduría estatal.

Entre el 3 y 4 de mayo el Centro Pro documentó 221 personas detenidas, de las cuales 47 eran mujeres. Lo más escandaloso fue que 45 denunciaron violencia sexual, física y/o verbal por parte de los policías durante su traslado al penal de “Santiaguito” en el municipio de Almoloya. En total se documentaron 27 casos de agresiones sexuales, incluyendo violación.

En el testimonio de Claudia Hernández, una estudiante de 22 años, es muy claro que los policías no hicieron detenciones “con la constitución en la mano”, sino con sus hormonas exaltadas:

Nos ordenaron hincarnos frente a una pared con las manos en la nuca y la camisa tapándonos el rostro, empezaron a golpearnos con macanas en la cabeza. A mí me empezaron a hacer tocamientos en ambos senos y nalgas, de pronto sentí que una mano tocaba mis genitales e introducía sus dedos en mí. Luego nos ordenaron ponernos de pie, pero la señal era el golpe de una macana en las costillas… Un policía, creo que era comandante, me preguntó que de dónde era, yo le respondí y en eso le gritó a otro: “Mira, esta perra es de Tepito”, llegó su compañero, me jalo de los cabellos y escuchaba que el policía me decía: “ Te vamos a hacer lo mismo que le hicieron a nuestro compañero”, luego escuché a otro policía que le dijo: “ya déjenla”, en eso cerraron la puerta del camión (tipo van), en donde nos tenían y uno dice: “A esta perra hay que hacerle calzón chino”; me empezó a jalar mis pantaletas y se dio cuenta que estaba en mi periodo de menstruación porque vio que tenía una toalla sanitaria. Le gritó a otros policías: “Mi ren esta perra esta sangrando, vamos a ensuciarla un poquito más”; sentí que introdujo violentamente sus dedos en mi vagina repetidamente hasta el cansancio, yo ya no pensaba bien, pero me acuerdo que decía: “Dios mío, “qué me van hacer”?

Otro testimonio, el de Barbara Italia Méndez Moreno relata la manera en que varias mujeres sufrieron abusos y acoso sexual:

Al ser subida al camión en el que fui trasladada a este penal fui apilada sobre otras personas que estaban acostadas sobre el piso del camión, me arrastraron hasta el asiento trasero y desgarraron la ropa interior, bajaron mis pantalones hasta los pies y la playera hasta la cabeza, golpearon mis glúteos con mucha fuerza mientras recibía amenazas de violación y muerte.

El policía que me golpeaba me gritaba que le dijera “vaquero”, me golpeó cinco o seis veces hasta que escuchó lo que deseaba. Enseguida me penetró la vagina con sus dedos mientras me propinaba más golpes y amenazas; invitó a una segunda persona, me golpeó en el estomago para introducir su lengua en mi boca, éste también me penetró mientras llamaban a otras personas diciéndoles: “Ven y cala a esta puta”; los tres, cada uno en su momento, me pellizcaron los pezones y apretaron con mucha fuerza los senos. Después me penetraron con objetos que no puedo identificar con claridad, pero estaba frío y me dio la sensación de ser metálico. Me obligaron a viajar desnuda con la cabeza pegada al asiento y los glúteos, piernas y costillas.

A pesar de los testimonios, las evidencias y la información que documentan el salvajismo y la misoginia de los agentes policiacos, el gobernador Enrique Peña Nieto declaró el 12 de mayo de 2006: “El tema de las personas supuestamente violadas, no hay denuncia de por medio, nadie denunció, ninguna de las mujeres denunció ante la autoridad judicial que hubiese sido violada”.

El ministro Gudiño Pelayo acreditó los abusos policiales, afirmó que 31 mujeres refirieron haber sido agredidas sexualmente: 21 aseguraron haber sido víctimas de tocamientos, apretones y pellizcos en los senos, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina; y 10 mujeres más señalaron que fueron penetradas por dedos o por objetos metálicos en la cavidad vaginal, además de ser obligadas a realizar sexo oral. El dictamen advierte “importantes carencias en la integración de las averiguaciones previas” y afirma que “si hubo policías que ejercieron violencia física sexual sobre la mayoría de las mujeres detenidas”.

Gudiño Pelayo concluye que la violencia no fue ordenada, pero si fue permitida o alentada y, en esa medida, autorizada o avalada por los mandos de control que supervisaban en tierra y aire los operativos.

Peña Nieto optó por el encubrimiento institucional. Así, desacreditó en todo momento los testimonios que tanto la CNDH como el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro difundieron en los medios locales.

Lo más humillante para los pobladores de Atenco fueron los cateos generalizados. En un testimonio ante el Centro Pro un policía describió así el método para ingresar a los domicilios sin orden judicial alguna: “Rompiendo chapas, forzándolas, rompiéndolas, y cuando ya estaban las personas entrábamos a su domicilio y las empezamos a golpear, agarrarlas a toletazos, patadas y asegurarlas y subirlas a las pick up”.

La brutalidad contra los pobladores de San Salvador Atenco es uno de los gestos que confirman la continuidad entre el gobierno de Arturo Montiel y el de Enrique Peña Nieto en materia de resolución de conflictos sociales. En ambos casos, la criminalización de la protesta y el uso y abuso de la fuerza pública documenta un talante arbitrario y autoritario, propio de las épocas cavernarias del Grupo Atlacomulco.


Fuente: Jenaro Villamil